La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  inició con un espíritu garantista, sin embargo, el sentido original de la Ley se deformó, principalmente porque la Consejería General de la República buscó impulsar retrocesos en la materia.

Para el PT, el derecho de acceso a la información como derecho social de la libertad de expresión, es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático y de Derecho. Recibir, investigar y difundir información, no es un derecho negociable; México no puede seguir sumido en el oscurantismo.

Según el Índice de Gobierno Abierto, México tiene una calificación de 0.56 sobre 1, colocándose en la posición 42 de 102 países.

Así, se aprobó una ley “esquizofrénica”, pues por un lado:

  Reduce los tiempos del procedimiento de acceso a la información gubernamental;

  Integra un sistema nacional para coordinar la política en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en la federación y los Estados;

  Se amplía la lista de sujetos obligados;

Sin embargo, contiene claras deficiencias:

  Se prevé un régimen especial para los legisladores, para que el derecho de acceso a la información no pueda ni deba garantizarse para la presente Legislatura.

  A pesar de que fue exigido en múltiples ocasiones por el IFAI y la organizaciones de la sociedad civil, no hay una definición legal de “seguridad nacional”, por lo que se puede buscar meter todo en la caja negra y después la Consejería General de la República impugnar todo bajo este supuesto.

El sector energético, cuya transparencia se buscaba reforzar, ha quedado en una cláusula de buena voluntad;

  No establece el plazo total en el que organismo garante tendrá que resolver el recurso de revisión.