Que reforma y adiciona los artículos 5, 38 y 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de junio de 2014

La suscrita, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones XII del artículo 5, XII del artículo 38 y XIII del artículo 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exposición de Motivos

Las mujeres constituyen más de 50 por ciento de la población en México; son víctimas de algunos delitos de manera desproporcionada y enfrentan obstáculos para acceder de manera plena a la justicia.

Los delitos específicos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas son, entre otros: la violencia intrafamiliar, el hostigamiento y acoso sexual, el abuso y violencia sexual, la explotación sexual y la trata de personas. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos delitos de violencia contra la mujer se caracterizan por los altos niveles de impunidad.

Las dificultades para que las mujeres accedan a la justicia han merecido informes, recomendaciones específicas de organismos internacionales, e incluso sentencias condenatorias por parte de tribunales internacionales.

El comité de expertas de la Convención para Prevenir y Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU recomendó en su último informe al Estado mexicano “mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección”

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó, la baja utilización del sistema de justicia por las mujeres víctimas de violencia en razón del maltrato que pueden recibir al intentar acceder a recursos judiciales y de la desconfianza de que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados. No obstante, cuando las mujeres superan todos estos obstáculos y acuden a las instancias gubernamentales correspondientes; el acceso a las justicia no les es garantizado. Al respecto, la Comisión sostiene que existen un número aún ínfimo de sentencias condenatorias que no corresponden al elevado número de denuncias y a la prevalencia del problema.

Algunas de las deficiencias que la CIDH observa y que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres son éstas:

• falta de investigación de los hechos denunciados, en casos de violencia contra las mujeres;

• retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación;

• vacíos e irregularidades en las diligencias per se que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos;

• falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas, y para poder judicializar y sancionar los casos;

• la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres;

• la existencia de patrones socioculturales discriminatorios;

• la consideración de los casos de violencia como no prioritarios y descalificación a las víctimas;

• la falta de obtención de pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales;

• la falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos;

• la falta de efecto en los programas de capacitación para funcionarios que atienden a víctimas de violencia;

• la debilidad de los ministerios públicos así como de las instancias policiales involucradas en la investigación de los delitos; y

• la falta de unidades especiales de fiscales y de la policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para abordar temas de violencia.

Ante estas deficiencias específicas que afectan las investigaciones, el debido proceso y la sanción en casos de violencia contra las mujeres, es necesaria una respuesta integral y coordinada para atender a estas mujeres, con independencia de la familia.

La violencia de género es una de las grandes problemáticas de la sociedad contemporánea. La lucha legítima de la mujer por introducir en el orden jurídico la perspectiva de género, propicia importantes cambios en el marco normativo.

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de las obligaciones que adquirió el Estado mexicano al firmar tratados internacionales en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, ha iniciado la armonización de las normas de derecho interno. Por lo que es de suma importancia establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la federación debe fomentar la creación e implantación de los centros de justicia para las mujeres, que es la concentración –bajo un mismo techo– servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia, y brindar atención integral con perspectiva de género, a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Con el objetivo de que los centros de justicia para las mujeres tengan alcance nacional e interinstitucional que a la luz de la perspectiva de género logre que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Igualmente, prever los factores que determinan el riesgo de ejercer o sufrir violencia, así como mejorar la seguridad de las mujeres a través del acceso a la justicia, su crecimiento e inclusión social.

Es necesario que los centros de justicia para las mujeres cuenten con mecanismos adecuados para la detección oportuna e identificación de tipos y modalidades contra las mujeres a fin de que accedan a la atención necesaria para reducir, contener o revertir daños y secuelas, y, en su caso acceder a la justicia.

Asimismo, estos centros deben llevar a cabo un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

Esta reforma permitirá posicionar a México como el primer país en implantar centros de justicia para las mujeres, que busca la eliminación de la violencia contra la mujer, siendo de alcance nacional y aplicando estrategias efectivas e innovadoras de prevención de la violencia y atención a las mujeres.

Propuesta de modificación

Título Primero

Capítulo I
Disposiciones Generales

Texto actual

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por

I. a XI. …

Texto propuesto

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por

I. a XI. …

XII. Centro de justicia para las mujeres: institución que concentra servicios institucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Título III

Capítulo II
Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Texto actual

Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para

I. a XII. …

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

Texto propuesto

Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para

I. a XII. …

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de justicia para las mujeres y los refugios que atiendan a víctimas.

Capítulo III

De la Distribución de Competencias en materia de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

Texto actual

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación

I. a XII. …

XIII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XIV. a XX. …

Texto propuesto

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación

I. a XII. …

XIII. Fomentar la creación e implantación de centros de justicia para las mujeres, a través de los componentes de acceso a la justicia, prevención, atención, empoderamiento y seguimiento además coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XIV. a XX. …

Por lo expuesto y fundado, Lilia Aguilar Gil, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presenta a consideración del pleno la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, fracción XII, 38, fracción XIII y 41, fracción XIII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se reforman las fracciones XIII del artículo 38 y XIII del artículo 41, y se adiciona la fracción XII al artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por

I. a XI. …

XII. Centro de justicia para las mujeres: institución que concentra servicios institucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para

I. a XII. …

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de justicia para las mujeres y los refugios que atiendan a víctimas.

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación

I. a XII. …

XIII. Fomentar la creación e implantación de centros de justicia para las mujeres, a través de los componentes de acceso a la justicia, prevención, atención, empoderamiento y seguimiento además coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;

XIV. a XX. …

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de junio de 2014.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. Junio 18 de 2014.)