Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 2 de diciembre de 2012 fue presentado el acuerdo entre los tres partidos políticos mayoritarios del país y el jefe del Ejecutivo federal, conocido como Pacto por México. En éste, se afirmó que serían abordados temas de alta relevancia para el día a día del país. Sin embargo, no fueron consideradas soluciones a las verdaderas preocupaciones de la población mexicana, como el desempleo o la pobreza que sufren más de la mitad de los mexicanos.

Este acuerdo de las mayorías se convirtió en una agenda política y no en una agenda ciudadana. Se contemplaron temas de interés para las tres principales fuerzas políticas del país y se simularon supuestos beneficios para la población contenidos en reformas estructurales que responden a intereses políticos y económicos. Las reformas contenidas en los 95 compromisos del pacto, se han convertido en una moneda de cambio, dejando fuera las aportaciones de los partidos minoritarios.

La alternancia en el año 2000, luego de los más de 70 años de gobiernos priístas, dejó muestra de que nuestra población desea vivir bajo principios democráticos y no autoritarios. A los mexicanos les ha resultado relevante que los procesos electorales se lleven a cabo en apego a las mejores leyes, prácticas y condiciones. Con esto en mente, la presente iniciativa propone y expone las razones por las cuales el compromiso 90 del Pacto por México, referente a llevar a cabo una Reforma Político-Electoral que cree una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única encargadas tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales, no es la solución para que los institutos electorales locales dejen de estar bajo la influencia de los gobernadores ni para que nuestra democracia sea menos costosa, como se ha argumentado. En un acto de responsabilidad, apertura y pluralidad, y reconociendo la realidad que nos presenta el Pacto por México, quien suscribe pretende minimizar el impacto negativo de esta propuesta, presentando una iniciativa progresista en pro del desarrollo de la vida democrática del país.

En este sentido, se debe mencionar que el primer argumento utilizado por quienes desean suprimir a los institutos electorales locales, tiene que ver con la falta de autonomía de los órganos de dirección de las autoridades electorales locales, de quienes se dice que se encuentran cooptados por los gobernadores estatales. El segundo argumento señala que la democracia mexicana es muy costosa debido a una supuesta duplicidad de autoridades electorales (federales y locales), y a que la organización de las elecciones es muy cara. En ese orden de ideas, se propuso la eliminación de los institutos electorales locales y la centralización de sus funciones en una sola autoridad federal, para reducir los mencionados costos y la injerencia de las autoridades estatales en la toma de decisiones de esos institutos.

Al respecto se debe subrayar que ambos argumentos son generalizaciones que no necesariamente encuentran sustento en todo el territorio nacional, y que la eliminación de los institutos electorales locales no es la solución que se requiere para combatir aquellos problemas que aún presenta el sistema electoral mexicano. Por ello, es indispensable respetar el modelo federalista electoral que actualmente tenemos en el país y fortalecer desde el texto constitucional la autonomía y el profesionalismo de los órganos electorales estatales, en razón de los argumentos que se desarrollarán en la presente exposición de motivos. Es importante tener en cuenta muchos más elementos sobre el desarrollo de la democracia en nuestro país para construir las modificaciones en materia electoral que garanticen la mejor actuación de todas las autoridades involucradas en este sistema.

Respecto al primer argumento utilizado por los planificadores del INE, se ha dicho que los gobernadores “se han convertido en señores feudales que ejercen el poder sin ningún contrapeso. En el ámbito electoral ello se ha traducido en que las instituciones siempre estén a merced de la voluntad de nuevos señores feudales” (Morales 2013: 35). En tal sentido, se ha señalado que México no satisface los estándares de un país democrático, pues a pesar de que ha existido alternancia en los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades del país, la independencia e imparcialidad en el funcionamiento de esas autoridades, son muy cuestionables: “Lo mismo se puede referir el caso del Distrito Federal, que el de Puebla, Baja California, Jalisco o Chiapas, por no citar aquellas entidades donde el gobernador, desde el México postrevolucionario hasta nuestros días, ha pertenecido a un mismo partido político, como ocurre por ejemplo en Veracruz, el Estado de México o Coahuila” (Figueroa 2013: 13-14).

Uno de los principales problemas por los que se genera la falta de independencia de las autoridades electorales locales, consiste en que actualmente el proceso de elección de sus órganos directivos es discrecional. Los legisladores locales utilizan rondas de veto y votación para repartirse los asientos disponibles como cuotas partidistas (Mirón 2013). Asimismo, la influencia que llegan a tener en algunos estados los gobernadores sobre los demás poderes locales, incluyendo las legislaturas, vuelve dependientes a los consejeros respecto de los gobernadores.

Aunado a lo anterior, el periodo en el cargo de los titulares de los órganos electorales locales no es homogéneo; en algunos estados como Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango, es de sólo tres años, en otros es de cuatro y en otros de seis. Esto vuelve vulnerables a los consejeros locales respecto de la voluntad de las legislaturas y de los gobernadores para su designación y ratificación, y evita que realmente desarrollen una carrera profesional, pues su futuro político depende de otros poderes o actores con influencia en el sistema político.

No obstante, los anteriores problemas no se resolverán en absoluto desapareciendo a los órganos electorales locales. Se deben establecer candados y reglas claras para que estas situaciones no se reproduzcan más en los institutos locales. Éstos han sido capaces de escuchar y resolver inquietudes ciudadanas y partidistas de manera ágil y eficiente en muchas ocasiones, demostrando capacidad de acción en el contexto regional. Desaparecerlos representaría una salida fácil que no resolvería los problemas de nuestro sistema electoral.

Para empezar, debe reconocerse que en las últimas décadas, hemos transitado de un sistema de partido casi único a un sistema de partidos plural y competitivo. Asimismo, gracias al actual modelo electoral hemos vivido, desde 1989, fenómenos de alternancia en las gubernaturas de 23 estados: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Morelos, Tabasco y Distrito Federal. Todo ello, bajo elecciones organizadas por los institutos electorales locales.

En el mismo sentido, el PRI mantuvo la hegemonía de los poderes federales y locales durante casi siete décadas. Para 1988, el partido tenía mayorías calificadas en 31 congresos locales. En 2012 se eligieron 15 congresos locales, resultando que en siete de ellos ningún partido logró la mayoría absoluta de asientos; en cuatro, esa mayoría es del PRI; en tres, la mayoría la obtuvo el PRD, y en uno del PAN. Esto es, el PRI dejó de tener mayoría en los congresos locales, también bajo elecciones organizadas y supervisadas por los órganos electorales estatales.

Esas cifras nos hablan de elecciones competidas y de fenómenos reales de alternancia logrados bajo el actual sistema federal electoral. De hecho, fue precisamente en el seno de los municipios y las entidades federativas donde se dieron los primeros fenómenos de alternancia en el país, con lo que empezó el proceso de transición de México a la democracia.

Por otra parte, es importante subrayar la multiculturalidad que existe en nuestro país, incluso en el ámbito electoral, misma que los institutos electorales locales han sabido manejar. Ejemplo de ello es el estado de Oaxaca, en cuyas elecciones en 2012 se renovaron sus 570 ayuntamientos, 153 con la participación de los partidos políticos y 417 a través de sus usos y costumbres (Coria y Tapia 2013: 22). ¿Cómo conciliar esta realidad con una sola autoridad electoral central y la desaparición de los institutos locales? Será más complicado para esa autoridad, que no conoce a profundidad las comunidades del país y sus problemáticas, lidiar con los matices y los mecanismos de los procesos políticos y sociales de los municipios.

En ese sentido, se puede decir que el pluralismo político no sólo vive y se reproduce en la sociedad, sino también en las instituciones del Estado. Por ello, es necesario mantener la existencia de los institutos electorales locales, que de manera paulatina nos han permitido consolidar estos cambios.

Ahora bien, aunque existen varios ejemplos de institutos electorales locales que han llevado a cabo sus funciones de manera excepcional y han contribuido al fortalecimiento de la democracia, se debe reconocer que aún es posible advertir un déficit de autonomía en algunos de ellos. Esto se explica, como se mencionó, principalmente por la forma de designar a sus titulares. Sin embargo, la solución no es eliminar en su totalidad a las instituciones electorales locales, sino introducir candados que eviten que los partidos y poderes políticos locales desvirtúen la autonomía de los institutos (Murayama 2013: 36).

En ese sentido, es indispensable dotar de mayor autonomía a los institutos electorales locales que garantice su debido actuar conforme a derecho, y reformular la manera en que son designados sus órganos directivos. La injerencia de intereses políticos y la manipulación de autoridades electorales no desaparecerán por el hecho de centralizar la función electoral, pues como hemos visto en los últimos procesos de designación de consejeros electorales, a nivel federal también existe este fenómeno.

Ahora bien, Lorenzo Córdova (2012: 38) señala lo siguiente con relación a las funciones que tienen los institutos electorales locales:

“Los órganos electorales de México hacen mucho más que meramente organizar las elecciones; son árbitros de las contiendas políticas, administran justicia administrativa a través de la resolución de quejas, auditan las cuentas de los partidos políticos, emiten normas vinculantes de carácter general mediante las que se regulan conductas de ciudadanos, autoridades, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, e incluso tienen potestad para reglamentar el ejercicio de derechos”.

Por ello, respecto del segundo argumento empleado por los defensores del INE, referente al costo de la democracia nacional, se debe tener en cuenta que si se llegaran a concentrar las tareas de los institutos locales en un sólo órgano federal, todas las atribuciones mencionadas requerirían de igual o mayor cantidad de recursos de la federación para su mantenimiento. Al respecto, cabe señalar que el presupuesto otorgado en 2013 a los institutos electorales locales, es de 4 mil 500 millones de pesos, mientras que el del IFE es de 7 mil 800. Es decir, los institutos locales resultan menos onerosos para la ciudadanía y ya cuentan en su mayoría con la experiencia necesaria para llevar a cabo las elecciones locales. Asimismo, la desaparición de los institutos locales para nada aseguraría la eficiencia ni transparencia del gasto público.

Por otra parte, se debe subrayar que durante las elecciones presidenciales “cada consejo distrital del actual IFE haría los conteos no de tres, sino hasta de seis elecciones diferentes. Los tiempos invariablemente se prolongarían en exceso, con todas las consecuencias que ello podría tener para la estabilidad política de las comunidades que eligen a sus representantes” (Ídem). En ese sentido, los procesos y el cómputo de los resultados de las elecciones se volverían más lentos, complejos y costosos, pues la separación de funciones que actualmente existe entre instancias locales y federal, tendría que ser ejecutada solamente por una sola autoridad.

Simplemente, para el año 2015 habrá elecciones de diputados a nivel federal, de gobernadores en los estados de Colima, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, y de alcaldes y diputados locales en Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal (delegados y asambleístas), Hidalgo y Jalisco, Morelos, y Tabasco. Todo esto requerirá que cualesquiera que sean la autoridades que se encarguen de organizar y supervisar dichos comicios, estén ya efectivamente constituidas y suficientemente capacitadas.

Además, es importante señalar que en todas las entidades federativas el IFE, convertido en INE, tendría que multiplicar su estructura distrital, con los respectivos costos que esto generaría. En el territorio nacional, existen 300 distritos federales y 691 distritos locales, por lo que la geografía electoral no coincide. Por ejemplo, en Chiapas existen 12 distritos federales y 24 locales, lo que equivaldría a llevar a cabo una duplicación de la estructura. Pero en otros casos, como en Campeche donde existen 2 distritos federales y 21 locales por lo que dicha multiplicación tendría que ser por más de 10 (Woldenberg 2012: 7).

A lo anterior, habría que sumarle los costos logísticos de dicho procedimiento. Dado que el IFE no cuenta a la fecha con consejos municipales ni consejos distritales, se le tendría que dotar a la nueva autoridad electoral nacional de procedimientos, normatividad y una enorme cantidad de recursos para poder hacerla capaz de crear dichos consejos y llevar a cabo las elecciones locales (Córdova 2012: 39).

Resulta entonces oportuno cuestionarse cómo se obtendrán los recursos económicos y humanos necesarios para llevar a cabo las acciones descritas. ¿Realmente se podría prever un ahorro en los costos de nuestra democracia al implementar la propuesta pensada por los integrantes del Pacto por México? Difícilmente esto sucedería.

De manera adicional, se debe subrayar que crear una autoridad electoral central que controle todos los comicios que se lleven a cabo en el territorio nacional, como se ha propuesto, sería un error, pues significa desconocer la soberanía de las entidades federativas para organizar sus propias elecciones. Pensar en eliminar las legislaciones y las atribuciones locales en materia electoral, iría en detrimento de la autonomía de los estados y en contra de lo que dicta nuestra Constitución en su artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

En la Ley Fundamental existen sistemas de pesos y contrapesos a fin de prevenir la hegemonía de un poder o un orden de gobierno sobre los demás a través del federalismo. Por ello, se debe respetar ese pacto federal consagrado en ella y observar la debida separación de poderes, derechos y funciones entre autoridades. El federalismo debe ser entendido como un sistema organizativo que se caracteriza por la unión de estados soberanos basada en la no-centralización, en el gobierno compartido y en el respeto a la diversidad. (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 2006). No podemos permitir que triunfen las ideas centralistas que buscan acabar con esta sana convivencia entre poderes.

Aún reconociendo que han existido episodios en que ciertas autoridades locales han tenido un desempeño cuestionable, las modificaciones que se les haga deben partir de una reflexión que considere su pertinencia y su eficiencia, en tanto que, como se ha mostrado, han sido fundamentales para el desarrollo de la vida democrática nacional. En ese sentido, para resolver los problemas que cita el referido Pacto por México, lejos de desaparecer a los órganos electorales locales se deben fortalecer y profesionalizar su funcionamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, a fin de lograr un actuar independiente, eficaz y profesional de las autoridades electorales locales, la presente iniciativa propone que se reconozca desde la Constitución Política nacional la autonomía política, financiera, administrativa y jurídica que deben gozar estos órganos. Por ello, se propone plasmar en el texto constitucional dichos principios a fin de que los institutos ejerzan su función sin sujeción a otro órgano; elaboren, propongan y ejerzan su presupuesto, sin la intervención del titular del poder ejecutivo de los estados, así como que sean capaces de autodeterminarse a través de la facultad reglamentaria y de establecer parámetros de organización interna para administrar sus recursos materiales y humanos.

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, es necesario cambiar la manera de elección de consejeros estatales, ayudando a fortalecer estas instancias. Para lograr esto, la presente iniciativa busca cambiar la manera de elegir a los consejeros de los institutos de los estados. Para ello, es necesario señalar desde la Constitución, un piso común de características sobre este proceso, a fin de garantizar la autonomía de los consejeros respecto de otros poderes políticos y un actuar verdaderamente profesional. Entre estas características se encuentran:

1. La designación de los integrantes del órgano colegiado encargado de la dirección de la autoridad electoral local será facultad del Congreso local, a través de la emisión de una convocatoria para que los interesados puedan inscribirse en el proceso;

2. Aquellos interesados en postularse dentro del proceso, deberán contar con el aval de una institución académica de educación superior local o federal de alto reconocimiento;

3. Asimismo, los interesados deberán mostrar un extenso currículum en campos relacionados con la materia electoral que avale por lo menos cinco años de experiencia;

4. Para asegurar que militantes políticos no se conviertan en la autoridad electoral, los interesados no deberán haber sido militantes de algún partido político durante los últimos cinco años previos a su postulación, y

5. Se incrementará el porcentaje de votos que se requiere para su nombramiento, esto es, deberán contar con el voto de por lo menos dos terceras partes más uno del total de los integrantes de la legislatura local correspondiente.

Cabe señalar que, además de los requisitos anteriormente señalados, cada entidad federativa podrá señalar en sus normas electorales respectivas aspectos adicionales de acuerdo con sus características propias. Esto, a fin de que las autoridades electorales locales estén capacitadas para organizar y supervisar los comicios de conformidad con las peculiaridades de cada entidad y municipio.

Asimismo, se propone ampliar el periodo de funciones de los titulares de los órganos electorales locales para que éste sea de siete años y tenga un carácter transexenal. Esto, con objeto de evitar que su periodo de funciones dependa o coincida con la del gobernador o la de algún grupo parlamentario específico, y que dichos funcionarios puedan desarrollar mayor experiencia profesional.

Finalmente, se propone que todos los órganos electorales locales desarrollen e implementen un servicio profesional de carrera electoral, apoyados por la autoridad federal electoral, a fin de que el personal de estos órganos esté suficientemente capacitado y constantemente actualizado en esa materia. Así, se aprovecharía la reconocida experiencia y los conocimientos que se han adquirido en el servicio profesional de carrera a nivel federal para replicarlo a nivel local, y contaríamos con institutos electorales locales mejor preparados, ayudando a prevenir que en el futuro dichos institutos sigan rigiéndose conforme a intereses políticos.

Así, con la presente iniciativa, se busca propiciar el fortalecimiento de la autonomía local determinando desde la Ley Fundamental los procesos para generar mayor profesionalismo e independencia en las instituciones electorales locales.

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único: Se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 116.

I. a III

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) …

b) …

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía política, financiera, administrativa y jurídica .

La designación de quienes integrarán el máximo órgano de dirección de los órganos electorales locales quedará a cargo de las Legislaturas de los Estados, las cuales habrán de emitir las convocatorias correspondientes, seleccionar a los candidatos y elegirlos con al menos el voto de las dos terceras partes más uno del total de los Diputados del Congreso correspondiente.

El cargo de los miembros de los órganos de dirección de la autoridad electoral local será de siete años y, además de los requisitos establecidos en la legislación electoral local, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Hacer constar que una institución académica de educación superior local o federal que goce de un alto reconocimiento, apoya su postulación para ocupar el cargo, y

2. Contar con experiencia práctica comprobada en materia electoral o de participación ciudadana de cuando menos cinco años.

Asimismo, son impedimentos para ser miembro de un órgano de dirección de la autoridad electoral local, los siguientes:

1. Desempeñar, o haber desempeñado dentro de los tres años anteriores a la designación, un cargo de elección popular Federal, del Distrito Federal, Estados o Municipios;

2. Ocupar o haber ocupado dentro de los tres años anteriores a la designación el cargo de Secretario de Estado, Secretario de Gobierno, Procurador, Subsecretario, Oficial Mayor, puesto análogo o superior a éste, en los poderes públicos de la Federación, de los Estados o Municipios u órganos de Gobierno del Distrito Federal;

3. Haber obtenido el registro como precandidato o candidato a un cargo de elección popular, dentro del periodo de cinco años previos a la designación;

4. Ser directivo o militante de un partido político o haberse desempeñado como tal dentro de los cinco años anteriores a la designación.

d) a n)…

V. a VII…

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, los instrumentos de participación ciudadana y la educación cívica en los Estados, contarán con un servicio profesional electoral que garantice que su personal conservará y fomentará el desarrollo de la vida democrática orientada por los principios rectores de la función electoral.

La autoridad electoral federal, con pleno respeto a la autonomía de los órganos electorales de las entidades federativas, les ayudará a desarrollar e implementar dicho servicio profesional de carrera electoral. La Cámara de Diputados asignará, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los fondos presupuestales necesarios para esta tarea.

Bibliografía

Abreu, A. (2012) “Propuesta de reforma de las leyes sobre propaganda electoral”, Todas las cosas de Anthony : http://todaslascosasdeanthony.com/2012/12/

Anda, C. (1998) Estructura socioeconómica de México: 1940 – 2000 . Limusa

Casar, M. A. (2013) “Federalismo de utilería”, Excelsior , octubre 9:http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2013/10/09/922 546#.UlV61jQcsdc.twitter

Castillo J. S. (2013) “Autoridades electorales: Centralismo vs. Federalismo”, en González, A. Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática , México: SOMEE

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2006), “Definición”, en Federalismo [Actualización: 17 de febrero de 2006]: www.diputados.gob.mx/cesop/

Córdova, L. (2012) “Los dilemas de un órgano único”, Voz y Voto 236, pp. 37-40.

Coria, A. A. y Tapia, T. (2013) “Imaginar al INE”, Voz y Voto 82, pp. 20-24

Figueroa, A. (2012) “Ventana abierta”, Voz y voto 234, pp. 13-16.

Instituto de Estudios para la Transición Democrática (2013) “Agenda inconexa y contradictoria. Carta abierta”. Voz y voto248: 29-30

Instituto Federal Electoral (2013) Cinco años trabajando por la democracia , México: IFE

Mier, J. (2013) “INE atenta contra el federalismo: IEPC”, Grupo Garzalimón , octubre 9:http://www.noticiasggl.com/durango/ine-atenta-contra-el-federalismo-i epc/

Mirón, R.M. (2013) “Reforma electoral 2013 Modelo de autoridad electoral” en González, A. Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática , México: SOMEE

Rivera, C. (2013) “Nuevo Instituto Electoral no resolverá deficiencias: consejero”, Milenio , octubre 4:

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4758823676ad9476506a61e665c bb671

UNAM (2010) “Comentario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en Suprema Corte de Justicia de la Nación (ed.) Autonomía e Independencia de Los Institutos Electorales Locales y Facultad de Los Congresos Estatales para Regular la Propaganda Electoral. Volumen 51 de Serie Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México: SCJN, pp. 149-157.

Villa, P. (2012) “Propaganda gubernamental durante campañas electorales”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Serie Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral (45). México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Villafranco, C. (2013) “Apuntes para la reforma electoral en materia del modelo de comunicación política”, en González, A.Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática , México: SOMEE

Woldenberg, J. (2012) “Noria electoral” Voz y Voto 234, pp. 6-12.

— (2013) ¿Por qué Woldenberg se opone al Instituto Nacional de Elecciones? Aristegui Noticias . Septiembre 30:http://aristeguinoticias.com/3009/mexico/video-por-que-woldenberg-se -opone-al-instituto-nacional-de-elecciones/?utm_source=feedburner&u tm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AristeguiNoticias+%28Aristegui+ Noticias%29

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)