Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., décimo párrafo; 3o.-A, último párrafo; 4o., penúltimo párrafo; 4o.-B, último párrafo; 6o., párrafos primero y tercero; y 10-C, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Es precisamente en el nivel local, en el ámbito cotidiano, donde se ejercen los derechos ciudadanos, donde la gestión de bienes y servicios urbanos implica una relación directa entre la burocracia local y los usuarios, donde se pone a prueba la democracia territorial, donde la participación social puede incidir en el diseño e implantación de las políticas públicas.

Alicia Ziccardi

El texto constitucional establece la voluntad del pueblo mexicano para constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos, los cuales adoptan, para su régimen interior, una forma de gobierno republicano, representativo, popular, que tiene como base de su división territorial y de su organización político-administrativa la figura del municipio libre. Dichos elementos componen el sistema federal mexicano en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Así pues, el sistema federal mexicano se ha perfeccionado con la intención de promover el desarrollo igualitario de los miembros que integran la federación, siendo el municipio una institución jurídico-política de suma importancia por constituir el nivel de gobierno más cercano a las personas. Por ello, al municipio se le relaciona con las ideas de democracia, teniendo como una de sus finalidades la descentralización del poder, al constituirse en grupos de población más reducidos que las entidades federativas y con una relación más directa entre sus miembros.

Sin embargo, independientemente del papel tan importante que parece interpretar el municipio libre en el pacto federal, la evolución del municipio no ha sido nada fácil. A través de las 13 reformas del artículo 115 constitucional, el municipio ha venido cobrando mayor importancia, pero no por ello se refleja la congruencia en el sistema jurídico con relación al municipio. No se refleja la congruencia porque al municipio sigue dejándosele en una situación inicua en la asignación que la federación y las legislaturas de los estados hacen de los recursos que le corresponden o deberían corresponderle.

Por tal motivo, se requiere fortalecer la hacienda pública municipal, lo cual puede lograrse desde dos sentidos: el primero, incrementado su capacidad recaudatoria de ingresos propios; y en segundo lugar, lo que da el sustento a la presente iniciativa, romper con el viejo esquema de 80-20. En la actualidad, la Ley de Coordinación Fiscal señala que los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán como mínimo 20 por ciento de los ingresos federales que reciban las entidades federativas, situación que predomina entre las 32 entidades, por lo que los estados y el Distrito Federal se reservan el restante 80 por ciento.

Esa situación predominante en el país no permite hacer realidad la autonomía de los municipios, pues se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos de la sociedad, por lo que se refiere a los principales servicios públicos que por mandato constitucional tiene que prestar, como lo son los señalados en la fracción III del artículo 115 de la Carta Magna.

El del fortalecimiento de las haciendas de los municipios es un tema que a lo largo de los años ha sido abordado por diversos actores de la sociedad: legisladores federales y locales; gobernadores, alcaldes, e incluso, el Poder Judicial federal, cuando ha resuelto controversias o acciones de inconstitucionalidad, en los casos en que se han presentado estos procesos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reiteradamente se ha dicho que en el país hay por lo menos tres premisas que tienen que ver con lo expresado; uno, que los ingresos de los municipios son insuficientes para atender las necesidades primarias de sus comunidades; que no se colman los servicios públicos que por mandato constitucional deben hacerlo los municipios; y que no hay una distribución equitativa de los recursos, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

También hay voces discordantes en el sentido de que existe una marcada deficiencia por parte de las autoridades municipales en la toma de decisiones, en cuanto al ejercicio de los recursos que se les entregan por los gobiernos federal y estatal. Esta circunstancia tendrá que ser analizada desde otra perspectiva, y en términos de las responsabilidades de cada gobernante.

Por otra parte, los asuntos de la evasión fiscal y del comercio informal, inciden directamente en el contexto general anunciado en párrafos anteriores, mismo que tendrá que ser analizado en su exacta dimensión.

Lo que trataré en esta exposición de motivos y que sustenta mi planteamiento es el tema relativo a la distribución de recursos.

En efecto, debemos recordar que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que actualmente se utiliza, en primer término, dio como resultado que los gobiernos locales no tuviesen ya facultades para imponer tributos, lo cual hizo de los estados y municipios, entidades dependientes de lo que el gobierno federal asigna a través de las participaciones y aportaciones federales. Es decir, las fuentes de ingresos propios de los estados y municipios, técnicamente son pobres y limitadas y las podemos resumir en impuesto sobre la propiedad inmobiliaria (impuesto predial) en el caso de estos últimos y el impuesto sobre nómina en el caso de los estados.

Hay gran dificultad para interpretar y determinar, por un lado, las competencias de los distintos órdenes de gobierno, particularmente en lo que se refiere a la concurrencia de facultades de éstos y, por otro, la falta de explicación de los mecanismos de distribución de dichas participaciones y aportaciones.

En este sentido, principalmente, a una gran mayoría de entidades federativas y los municipios les es casi imposible saber, a ciencia cierta, cómo se obtienen los montos que les corresponden, de tal suerte que únicamente las reciben sin estar en posibilidades de hacer un análisis para, en su caso, reclamar una cantidad distinta y superior a la asignada. Quienes han estudiado el tema, han expresado su inquietud por simplificar dichos mecanismos para hacer más accesible su entendimiento.

Por otra parte, y aquí habrá que centrar nuestra atención para cuestionar lo siguiente: “Estas participaciones son distribuidas adecuadamente y están cumpliendo su principal función que es la de dotar a los estados y municipios con los recursos que verdaderamente les corresponden o necesitan para cubrir sus penurias”.

En otros términos, creemos que el sistema actual de distribución de participaciones y aportaciones federales no garantiza la equidad, por el contrario un desentendimiento en la eficiencia del gasto y de la recaudación por parte de las entidades federativas y los municipios, dando como consecuencia que exista un descontento, sobre todo, por los que más aportan por la generación de ingresos y son más eficientes en la recaudación de impuestos.

Ante este panorama, no sólo es necesario sino apremiante que partiendo de un análisis serio, se produzcan los cambios precisos para acabar con la brecha tan amplia que se da entre la Federación y las entidades federativas y, con mayor énfasis, las desigualdades existentes respecto de los municipios.

Debe iniciarse con una revisión de los criterios y variables con los que se cuenta actualmente para determinar, con un alto grado de certeza, lo que a cada ente les corresponde y, por ende, los procedimientos que se establezcan para ello, habrán de ser accesibles, a fin de que los funcionarios públicos encargados de la aplicación de los recursos reduzcan a su mínima expresión las discrecionalidades.

En conclusión, como dicen los Presupuestos de Egresos federales, los recursos de los que pueden disponer los municipios para ejercer sus funciones e implementar sus respectivos programas de gobierno, una parte pertenece a la recaudación propia que éstos realizan cada año, otra parte importante proviene de las diversas vertientes del gasto federal para los municipios tales como: las participaciones federales (ramo 28); aportaciones federales (ramo 33) y algunos fondos sectoriales directos a municipios. La otra fuente la constituyen los gastos y destinación de recursos de los estados y la federación que impactan directamente en el desarrollo municipal, tales como los excedentes de ingresos petroleros, los convenios de reasignación de recursos y el gasto de programas federales.

Los recursos que llegan a los municipios a través del Presupuesto de Egresos de la Federación representan más de 60 por ciento de sus ingresos en promedio, por ende, desde hace varios años y concretamente a partir de la reforma fiscal en 2007, se ha impulsado un federalismo fiscal que beneficie a los gobiernos locales, lo que ha derivado en diversos recursos descentralizados directos a municipios, lo cual ha sido insuficiente.

La realidad nos demuestra que dicho orden de gobierno invierte demasiado tiempo en gestionar, negociar o solicitar mayores recursos en el centro del país. Dicho de otra manera, los ciudadanos más bien eligen a un representante gestor que tenga la capacidad de obtener más recursos a su región, que dedicarse de lleno a administrar el municipio respectivo.

Parecería que mecanismos tales como la Ley de Coordinación Fiscal, hoy por hoy no son suficientes para garantizar que cualquier municipio del país que cuenta con el mínimo de recursos para hacer su tarea. Si apelamos al concepto aristotélico de la justicia, dar a cada quien lo suyo, porque es tan difícil para quienes administran un municipio allegarse de recursos; se ha demostrado que los municipios han alcanzado un nivel tal de desarrollo y capacidad de administración, de recaudación, que es tiempo de darles trato igualitario. No se trata de hacerles un favor, sino de un trato igualitario y justo.

De ahí que mi propuesta vaya en el sentido de reformar y modificar el viejo esquema de 80/20 y llevarlo a 75/25, claro que este incremento sería paulatino; es decir, sería llevado a un plazo de cinco años, lo que equivale a un aumento de 1 por ciento anual, a partir del año siguiente al de su autorización si es el caso por esta soberanía.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único . Se reforman los artículos 2o., décimo párrafo; 3o.-A, último párrafo; 4o., penúltimo párrafo; 4o.-B, último párrafo; 6o., párrafos primero y tercero; y 10-C, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o.

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá 100 por ciento de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos 25 por ciento a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

Artículo 3o.-A.

I. y II.

Los municipios recibirán como mínimo 25 por ciento de la participación que corresponda al estado.

Artículo 4o.

Los municipios recibirán como mínimo 25 por ciento de la recaudación que del Fondo de Fiscalización corresponda a las entidades federativas. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales.

Artículo 4o.-B.

Los municipios recibirán cuando menos 25 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas.

Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores a 25 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales recibirán como mínimo 25 por ciento de la recaudación que corresponda al estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.

Artículo 10-C.

I. a VIII.

Los municipios recibirán como mínimo 25 por ciento de la recaudación que corresponda a las entidades federativas en términos de este artículo. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El incremento se realizará con uno por ciento durante los siguientes cinco ejercicios fiscales a su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)