En la iniciativa se establece que la institución que tenga las funciones de prevención, investigación y sanción de los actos que puedan configurar responsabilidad administrativa o actos de corrupción en dicha materia debe ser realizada por un organismo que tenga la autoridad suficiente para realizar las mismas.

La iniciativa retoma la Minuta remitida por el Senado de la República en la materia; no obstante, amplía sus alcances al generar un mecanismo para que este organismo autónomo se siga auxiliando de las contralorías internas y hoy denominados órganos internos de control. No obstante, se plantea que éstos ya no dependan institucional, ni económica, ni laboralmente del ente al cual controlan y auditan, por lo que se genera una independencia e imparcialidad al momento de investigar y sancionar actos de corrupción.

Se propone la prevención de los actos de corrupción cuya ejecución estará a cargo del nuevo organismo autónomo y su formulación se realizará en el seno del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

En el artículo 6°, se propone establecer que el organismo garante en materia de transparencia y protección de datos personales coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación y con el organismo autónomo para el combate a la corrupción.

En el artículo 22, se plantea establecer que se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito o en caso de corrupción conforme a la ley general de combate a la corrupción que emita el Congreso de la Unión.

En el artículo 41, se propone establecer que si el Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de sus funciones, encuentra evidencia de la probable comisión de actos de corrupción, deberá dar vista al organismo autónomo de combate a la corrupción o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según sus competencias.

Se propone modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general de combate a la corrupción en la cual se determinen los casos de corrupción y responsabilidad administrativa; el sistema nacional de combate a la corrupción, así como su secretaría técnica y la distribución de competencia entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en materia de corrupción.

Se propone facultar al Senado de la República para nombrar a los comisionados del organismo de combate a la corrupción.

Se plantea facultar al organismo autónomo para el combate a la corrupción para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, en materia de corrupción. Asimismo, faculta a los organismos autónomos equivalentes en los estados de la República para promover acciones en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano autónomo del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Se propone reformar el artículo 107 para establecer que el amparo será procedente contra las resoluciones del procedimiento sancionador del organismo autónomo para el combate a la corrupción. Así, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, cuando se reclamen por particulares resoluciones del procedimiento sancionador emitidas por el organismo autónomo para el combate a la corrupción no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.

En el artículo 109, se propone adicionar que las instituciones de combate a la corrupción, fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de combate a la corrupción y conformarán el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas tendientes a prevenir los actos de corrupción.

b) Coordinar el Plan Nacional de Combate a la Corrupción entre las instancias integrantes del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

c) La elaboración y difusión de bases de datos y estadísticas en materia de corrupción y combate de la misma.

d) La generación de indicadores que otorguen bases objetivas para evaluar el comportamiento de la corrupción en las instituciones del país.

e) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de combate a la corrupción, control y auditoría, cuyas funciones sustanciales se refieran a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción o responsabilidades administrativas. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de combate a la corrupción sin haber aprobado el sistema de evaluación descrito.

f) Asignación a nivel nacional de fondos de ayuda federal para el combate a la corrupción, aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

g) Seguimiento a las medidas de control que lleven a cabo los municipios.

Se propone adicionar una porción normativa al artículo 113 para establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, responsable de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los casos de posible responsabilidad administrativa o los casos de corrupción. En su funcionamiento, se regirá por los principios de certeza, honestidad legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y rendición de cuentas.

El organismo autónomo, se regirá por la ley general de combate a la corrupción, que para tal efecto emita el Congreso de la Unión, la cual se guiará por los siguientes ejes:

– Prevención, a través de la formulación y ejecución de políticas y acciones que busquen promover la cultura de la legalidad entre los servidores públicos y los ciudadanos, fomentar proactividad de un ejercicio de competencias transparente y rendición de cuentas como servidores públicos y realizar estudios de circunstancias específicas y diagnósticos generales en los entes públicos de los tres órdenes de gobierno para emitir opiniones respecto a situaciones que podrían provocar posibles prácticas de corrupción.

– Investigación de los posibles casos de responsabilidad administrativa y casos de corrupción, de conformidad con ley general de combate a la corrupción, que se adviertan o reporten cometidos por servidores públicos de las autoridad, entidades, órganos u organismos que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos. La investigación incluirá a cualquier persona física o moral involucrada y que haya resultado o buscado un beneficio por los mismos.

Para tales efectos, el organismo autónomo contará con unidades de auditoría y control en los entes públicos. Los recursos humanos y materiales que se destinen pasarán a formar parte de la estructura del organismo autónomo y el personal estará sujeto al sistema de reclutamiento y permanencia que determine el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

En los casos de que en el ejercicio de sus facultades, el organismo autónomo determine que existe evidencia de probable comisión de conductas delictivas en materia de corrupción, dará vista a la Fiscalía General de Combate a la Corrupción o la fiscalía que en su caso sea competente en las entidades federativas. También hará del conocimiento de la entidad de fiscalización superior de la Federación o de sus homólogos locales, en los asuntos que sean de su competencia.

Asimismo, podrá atraer procesos de investigación y sanción que se inicien en los organismos autónomos de los estados y del Distrito Federal, en los términos que establezca la ley, en virtud del interés público y trascendencia.

En el ejercicio de sus facultades de investigación y sanción, toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo autónomo de combate a la corrupción y entregar, cuando así sean solicitados, la información y documentos requeridos para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante se integra por cuatro comisionados y un comisionado presidente, nombrados por la Cámara de Senadores previo una convocatoria pública nacional, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, siguiendo un proceso escalonado establecido en la ley. En la conformación del organismo garante se procurará la paridad de género.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones del artículo 95 de la Constitución, excepto por la exigencia de portar título de abogado; no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución y serán sujetos de juicio político.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por 15 consejeros que serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento que para tal efecto se establezca en la ley correspondiente.

El organismo autónomo coordinará sus acciones de prevención con el organismo garante que se contempla en el artículo 6o. de la Constitución y con la entidad especializada en materia de archivos; coordinará las acciones de investigación y sanción con la entidad de fiscalización superior de la Federación y las entidades de fiscalización de los estados y del Distrito Federal, con la fiscalía especializada en el combate a la corrupción y las fiscalías homólogas en los estados y el Distrito Federal.

Se propone establecer en el artículo 116 que las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, imparciales y colegiados, responsables de prevenir, investigar y sancionar las conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas y conducta de corrupción, conforme a la ley general que emita el Congreso de la Unión.

Por último, se propone establecer en el artículo 122 que el Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de prevenir, investigar y sancionar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas y actos de corrupción, conforme a lo establecido en la ley general de la materia.