Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto de reforma de los artículos 6o., 73, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en material de acceso a la información y protección de los datos personales.

Con base en lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos en el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que la sustentan

El derecho a la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los conocidos como de tercera generación. Entendido esto, una visión de transparencia real, debe garantizarles a los ciudadanos la rendición de cuentas y el acceso a la información pública –de las instancias públicas-; para utilizar estos derechos como instrumentos jurídicos para combatir la corrupción.

El gobierno debe ser transparente al proporcionar información a los ciudadanos sobre lo que está haciendo, dotándolo de información rápida en formas que el público pueda fácilmente encontrar y utilizar, mediante el aprovechamiento de nuevas tecnologías para mostrar información acerca de sus operaciones y decisiones en línea y disponibles para el público, a la vez de que el gobierno debe solicitar retroalimentación pública para identificar la información de mayor utilidad para el público.

De igual forma, debe ser participativo, ya que el compromiso público aumenta la eficacia del gobierno y mejora la calidad de sus decisiones.

Finalmente, debe ser de colaboración, en la que se involucre activamente a los ciudadanos en la labor de su gobierno, se deben utilizar herramientas innovadoras, métodos y sistemas para colaborar entre sí, en todos los niveles de gobierno, y con las organizaciones sin fines de lucro, empresas y particulares en el sector privado. Se debe solicitar la opinión pública para evaluar y mejorar su nivel de colaboración y para identificar nuevas oportunidades de cooperación.

Lograr lo anterior implica impulsar activamente la transparencia y que exija información a actores que realicen funciones públicas o reciban financiamiento público, expandir la calidad y cantidad de datos disponibles a la ciudadanía, la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten la búsqueda de la información, para que la ciudadanía procese la información, participe en la formulación de políticas públicas y se aproveche de la misma.

El tema de la transparencia es mucho más vasto; el simple acceso a la información no es suficiente. De nada vale un órgano que sólo gestione solicitudes de información y deje al libre albedrío de los órganos gubernamentales su presentación. Necesitamos fortalecer el sistema de fiscalización nacional y de sanciones a actos de corrupción a funcionarios públicos. La propuesta es homologar criterios en materia de transparencia y sistema de auditoría y fiscalización. Esto obliga a la homologación contable de los estados y municipios que ya está en proceso.

Necesitamos un órgano de acceso a la información verdaderamente autónomo y funcional, que ayude a trascender a un esquema político diferente; y a un a un estado democrático real. Para ello es necesario volver fiscalizables y transparentes todos los recursos entregados por el estado a personas físicas y/o morales.

Según Latino Barómetro, la mayoría de la población prefiere un régimen autoritario que atienda sus necesidades sociales, que atienda a la sociedad en sus requerimientos básicos. Ésta sigue siendo la tentación de los autoritarios, sin embargo modificar el sistema de transparencia actual, podrá disminuir la corrupción que nos lacera, nos golpea a todos y de que nos faltan las reformas básicas en esta materia. Estos derechos y obligaciones son en materia de teoría política un valiosísimo examen de la democracia. Es preocupante que los principales instrumentos de democracia que han sido objetivos en América Latina no lleguen a México.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone un organismo dotado de autonomía constitucional, sin subordinación alguna y que no se guíe por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto apego a la legalidad y principio de constitucionalidad.

La autonomía del organismo de transparencia que se propone implica:

a) Reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental a efecto de poder hacer frente a las nuevas tendencias informativas que se promueven en el tema de gobierno abierto u open government. Este concepto se sustenta en tres pilares básicos: la transparencia, la colaboración y la participación, definiciones que se encuentran en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, promulgó y en el cual ha invitado a participar a México junto con otros países.

b) Sistematizar información: es necesario que la administración pública ponga a disposición de la ciudadanía toda la información que le sea posible y no esperar a que se la soliciten. Debe sistematizar su información, generar bases de datos actualizados, redactados en términos claros y sencillos, es decir, en leguaje ciudadano y con información que resuelva sus necesidades. De igual forma los planes y programas deben estar a la disposición de los ciudadanos para su escrutinio.

c) Rendición de cuentas: establecer mecanismos de rendición de cuentas más efectivos como señalar las razones y procesos en la implementación de políticas públicas, avances, los flujos de dinero que financian su implementación y los posibles beneficiarios. Sin esta información los ciudadanos no podrán realizar un análisis y su evaluación sobre las actividades gubernamentales.

d) Sujetos obligados: incrementar los sujetos obligados para incluir a los fideicomisos públicos, las personas físicas y morales de derecho privado constituidas conforme a la ley correspondiente, que reciban o administren recursos públicos y a los sindicatos.

De igual forma se deben ampliar las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, así en materia presupuestal señalar no únicamente el presupuesto asignado, sino incluir el asignado por programas, señalando los destinatarios, usos, montos, asignación, mecanismos de evaluación, los fines perseguidos y en su caso los beneficiarios. De igual forma difundir el estado que muestre la situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a los mismos. Los montos destinados a gastos de comunicación social, nombre de la campaña o programa de difusión, el periodo de difusión de la información y los medios contratados.

Incluir adicionalmente a la publicación de los montos y a quienes se les entregue por cualquier motivo los recursos públicos, los criterios, convocatorias, fines perseguidos y en su caso los beneficiarios.

La versión pública de los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza adscrito, así como la relación del personal sindicalizado, los montos que por concepto de cuotas sindicales, prestaciones económicas o en especie que se hayan entregado a los sindicatos, los nombres de quienes los reciben y los de los responsables de ejercerlos.

Se tendrán que volver fiscalizables y transparentes todos los recursos entregados por el estado a terceros, en particular a partidos políticos, organismos autónomos y los otros poderes de la unión.

Toda la información que generen las dependencias y entidades deberá estar procesada de una manera ordenada y estar en bases de datos.

Todo lo anterior permitirá acceder a la información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la administración.

e) Difusión: reforma en materia de transparencia relativa al Poder Legislativo, en especial en la Cámara de Diputados, al quehacer de los diputados, existe un clamor ciudadano que exige una mayor rendición de cuentas, ya que se dice que los legisladores una vez que son electos se desvinculan de la ciudadanía, quienes en la mayoría de las ocasiones no conoce su trabajo legislativo, en este sentido es imperante reformar el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. En principio se propone incorporar el documento electrónico y dejar la vieja discusión si es o no un documento legal aunado que es la principal fuente para las bases de datos que promueve el concepto de gobierno abierto.

II. Fundamento legal de la iniciativa

La iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad de diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de ley o decreto

El proyecto decreto se denomina: Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 6o., 73, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

IV. Ordenamiento por modificar

Artículo 6o., reforman los párrafos primero y segundo.

Artículo 73, reforma fracción XXX y adicionan fracciones XXIX-R y XXXI.

Artículo 110, reforma primer párrafo.

Artículo 111, reforma primer párrafo.

Artículo 116, adiciona fracción VIII.

Artículo 122, reforma fracción p) y se recorre la fracción p).

V. Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 6o., la fracción V de dicho artículo; se reforma el artículo 110 en su primer párrafo, se reforma el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 6o. …

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, los Poderes de la Unión , los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a IV …

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos, señalando programas, los destinatarios, usos, montos, asignación, mecanismos de evaluación, los fines perseguidos y en su caso los beneficiarios. Así como los indicadores que permitan dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y la rendición de cuentas.

VI. a VII. …

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo establecido en el artículo 6o. constitucional apartado B , los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo establecido en el artículo 6o. constitucional apartado B , por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Artículo Segundo. Se adiciona el apartado A del artículo 6o., respetando el texto vigente del artículo, con excepción de las reformas ya señaladas; se adiciona un apartado B, se adiciona una fracción XXIX-R, se adiciona una Fracción XXX para pasar la actual fracción XXX a ser fracción XXXI, del artículo 73; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso p), pasando el actual inciso p) a ser inciso q) del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 6 °. A. …

I. a VII. …

B. Para garantizar y hacer efectivo el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección?n de datos personales, el estado contará con un organismo público autónomo, especializado e imparcial, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Así como, tendrá? en el a?mbito de su competencia, facultades para sancionar a los sujetos obligados conforme a la normatividad aplicable.

El organismo estará integrado por cinco comisionados propietarios y cinco suplentes que cubrirán las ausencias de aquellos en los términos previstos en la ley.

Los comisionados gozara?n de las debidas garantías para ejercer su encargo con plena libertad e independencia.

Los comisionados propietarios y suplentes durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectos, en los te?rminos de la ley. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia; y serán designados de conformidad con las siguientes bases:

I. La Cámara de Diputados, previa convocatoria pública en términos de la ley correspondiente, remitirá al pleno de la Cámara una lista de aspirantes a comisionados propietarios y suplentes.

II. Las Cámaras del Congreso de la Unión, por mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes y conforme al procedimiento de ley, elegirá? a las personas que desempeñarán el cargo de comisionado propietario y suplente.

III. En caso de que no se aprueben los aspirantes propuestos, el pleno de la Cámara revisora lo hará del conocimiento del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, a efecto de que remita una nueva lista de aspirantes.

IV. Las Cámaras del Congreso de la Unión tendrán un plazo de veinte días naturales para resolver, vencido el cual, sin que se haya emitido resolución alguna, se entenderán como electos los aspirantes propuestos en los primeros lugares en el listado respectivo y conforme al orden de prelación, y se expedirán los nombramientos correspondientes, en un plazo de tres días naturales.

V. Una vez realizado lo anterior, el presidente de la Cámara de Diputados ordenara? la publicación del resultado en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de mayor circulación nacional.

Los comisionados designarán al comisionado presidente, mediante voto secreto; quien estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso de la Unión, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

Los sujetos obligados ante el organismo son:

I. El Poder Ejecutivo federal, la administración pública federal y la Procuraduría General de la República;

II. El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;

III. El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Los órganos constitucionales autónomos;

V. Los tribunales administrativos federales;

VI. Los partidos políticos;

VII. Los sindicatos;

VIII. Los fideicomisos que reciban recursos públicos;

IX. Las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o ejerzan una función pública, y

X. Cualquier otro órgano federal.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q. …

XXIX-R. Para expedir leyes en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

XXX. Designar los comisionados que establece el artículo 6o. constitucional apartado B, de entre los aspirantes que someta a su consideración la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

I. a VII. …

VIII. Las constituciones de los estados establecerán organismos públicos autónomos, especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Tendrán en el a?mbito de su competencia, facultades para sancionar a los sujetos obligados conforme a la normatividad aplicable en cada entidad federativa.

Dichos organismos estarán coordinados con el establecido en el artículo 6o. constitucional apartado B, para garantizar el acceso a la información y protección de datos personales entre la federación, los estados y los municipios.

Artículo 122.

A. …

B. …

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa

I. a V. …

a) a o) …

p) Legislar en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el ámbito de competencia del Distrito Federal.

En el Distrito Federal habrá un organismo público autónomo, especializado e imparcial, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Así como tendrá? en el a?mbito de su competencia, facultades para sancionar a los sujetos obligados conforme a la normatividad aplicable en el Distrito Federal; y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

VI. Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor ocurridos 60 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que sea reglamentaria del artículo 6o. constitucional, que establezca las bases y procedimientos necesarios para garantizar el pleno acceso a la información y la protección a los datos personales, así como la coordinación con los organismos de las entidades federativas y el procedimiento de designación de los comisionados.

Tercero. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta que se dé el procedimiento de sustitución previsto en este decreto.

Treinta días naturales antes de que termine el periodo por el cual fueron nombrados los comisionados actuales, el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados enviará al pleno del Congreso de la Unión la lista de los aspirantes a comisionados.

Cuarto. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, tendrán 180 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar la normatividad correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)